La Policía Nacional culmina Operación policial contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Estatal de Empleo mediante empresas ficticias.

09-10-2015

  • Descubierto un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social de 185.403,57 Euros por cuotas impagadas por parte de la empresa y otros 56.425,21 al Servicio Estatal Público de Empleo
  • Han sido detenidas 11 personas (6 en Navarra 3 en Bilbao, 1 en Irún y 1 en Santander)
  • La finalidad de todo este entramado era la de vender a supuestos trabajadores altas falsas en la Seguridad Social para que estos pudieran acceder con posterioridad a prestaciones por desempleo, bajas laborales u otras de las previstas en la legislación laboral o para acceder a permisos de residencia en España

     

La Jefatura Superior de Policía de Navarra ha dado por concluida la “Operación Plastic”, iniciada en el mes de julio de 2015 con la detención de 11 personas (6 en Navarra 3 en Bilbao, 1 en Irún y 1 en Santander).

Asimismo, se imputan delitos de falsedad documental y estafa a la Seguridad Social a otras 3 personas que se hallan en paradero desconocido, posiblemente fuera de España a las cuales se han insertado requisitorias para detención.

Se ha descubierto un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social de 185.403,57 Euros por cuotas impagadas por parte de la empresa y otros 56.425,21 al Servicio Estatal Público de Empleo por prestaciones por desempleo percibidas indebidamente por los supuestos trabajadores.

La investigación se inició meses atrás en aplicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior para la prevención y la investigación del fraude mediante empresas ficticias. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra remitió a la Policía Nacional un completo informe como consecuencia de sus actuaciones inspectoras en las que había detectado una empresa localizada en Arano (Navarra) que ocupaba las antiguas instalaciones de una empresa cervecera y que simulaba estar dedicada a la explotación forestal y procesamiento de la madera.

Los supuestos empresarios habían acordado la compra a la empresa propietaria de las instalaciones en el año 2010 aunque nunca se llevó a cabo la adquisición puesto el pago no se ha formalizado y el asunto se halla en vía judicial por demanda de la empresa vendedora. A partir de allí los empresarios detenidos crearon un entramado de empresas para ocultar las actividades comerciales, del tal manera que unas empresas del grupo eran propietarias de las instalaciones y otras a su venden arrendaban parte de ellas a otras del mismo grupo o a otras empresas externas sin relación con el fraude.

Asimismo adquirieron una línea completa de serrería, procedente de chatarra, que montaron en una de las naves para simular la realización de actividades madereras. Desde la adquisición de las instalaciones en el año 2010 hasta la actualidad las diversas empresas del grupo, tanto las interpuestas como las que figuran públicamente, no han realizado actividad comercial alguna, no habían adquirido o vendido bienes, no existía contabilidad alguna, facturas, recibos o albaranes, pero sin embargo habían dado de alta en la Seguridad Social a multitud de trabajadores.

Tampoco pudieron acreditar pagos de salarios a dichos trabajadores, nóminas, transferencias o pagos en efectivo y desde luego no habían ingresado cantidad alguna en concepto de aportaciones a la Seguridad Social (tanto cuotas de la empresa como cuotas procedentes de las deducciones al trabajador), tampoco habían realizado declaraciones de impuestos de ninguna clase, especialmente de IVA o de la renta. Tampoco habían ingresado a Hacienda las cantidades supuestamente retenidas en las nóminas de los trabajadores en concepto de IRPF.

En las visitas de inspección realizadas de manera conjunta por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se verificó que las líneas de producción de la serrería no eran operativas y se trataba simplemente de chatarra montada pero que nunca había sido puesta en marcha.

La finalidad de todo este entramado era la de vender a supuestos trabajadores altas falsas en la Seguridad Social para que estos pudieran acceder con posterioridad a prestaciones por desempleo, bajas laborales u otras de las previstas en la legislación laboral o para acceder a permisos de residencia en España a extranjeros que a menudo nunca han residido en nuestro país pero que consiguen de este modo documentos de identidad como residentes en la Unión Europea que les permiten realizar otras actividades en cualquier país de la Unión.  

El fraude ha sido detectado y, a pesar del daño causado a los fondos de la Seguridad Social y del sistema público de empleo, cabe significar que las empresas y las personas físicas responsables de estos hechos deben responder tanto penalmente como administrativamente de las cantidades impagadas o percibidas indebidamente.